Es público y notorio el malestar y la preocupación que han generado, tanto en el tejido productivo como a nivel social, que la provincia de Alicante, la quinta que más aporta al PIB nacional sea la última en inversión por habitante en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, 200 euros por debajo de la media española, y que en términos absolutos reciba menos de un tercio de lo que le correspondería por población.