Durante la celebración del Consejo de Ministros de este martes, 15 de septiembre, el Gobierno ha llegado a un acuerdo para autorizar la tramitación administrativa urgente de una modificación en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) que establecerá un régimen sancionador para los casos de morosidad en el transporte de mercancías por carretera.
El acuerdo, que forma parte del compromiso que alcanzó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y el resto de organizaciones del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) tras la convocatoria de paro en el sector, cumple con una de nuestras reivindicaciones históricas.
La morosidad, con plazos de pago muy por encima incluso de lo establecido en la Ley, siempre ha obstaculizado el avance del sector pero, además, en los últimos meses, debido a la crisis sanitaria, el endeudamiento se ha acrecentado y, por tanto, es primordial contar una medida de tal calibre para no incrementar la falta de liquidez de nuestras empresas.
Esta modificación normativa reducirá a los plazos de pago en el transporte de mercancías a un máximo de 60 días y contribuirá a que los transportistas no se vean aún más asfixiados ante el panorama actual.
Desde la CETM celebramos que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) haya comenzado a trabajar en el cumplimiento del acuerdo que alcanzó con el CNTC el pasado 23 de julio y esperamos que la medida vea la luz lo antes posible.
Asimismo, urgimos al MITMA que avance con celeridad en el resto de los puntos, puesto que las empresas de transporte de mercancías por carretera necesitan abordar otras problemáticas como la clarificación del marco normativo en cuanto a la carga y la descarga, la devolución del céntimo sanitario antes de que finalice el año o la elaboración de un Plan de Impulso a la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera.
Tal y como ha demostrado la crisis del Covid-19, las empresas de transporte son imprescindibles para el funcionamiento de la economía y el bienestar de la sociedad en su conjunto.